El proyecto de ley del denominado impuesto a la riqueza sigue cosechando rechazos entre los empresarios. Al repudio público de la AEA (Asociación Empresaria Argentina), de las ruralistas de CRA y Sociedad Rural y de la UIA, se sumó en las últimas horas el de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).
Al manifestar su preocupación ante el proyecto kirchnerista que busca establecer un “aporte solidario y extraordinario”, la entidad consideró que “una nueva carga sobre las personas humanas con grandes patrimonios incrementaría una presión impositiva ya de por sí muy elevada”.
Si bien ya comenzó su tratamiento en las comisiones de Diputados, la CAC considera que “la reducción del déficit fiscal debería lograrse a través del combate a la evasión y de una progresiva baja del gasto y no mediante nuevos tributos”.
EL IMPUESTO DEL IMPUESTO
El proyecto, que tiene como cabezas visibles al jefe de la bancada K en Diputados, Máximo Kirchner, y al banquero Carlos Heller (¿estará comprendido el dueño del banco Credicoop?), propone un aporte extraordinario al sector más rico del país y que, según los cálculos del oficialismo, alcanzaría a las 12.000 personas que tienen patrimonios superiores a 200 millones de pesos.
“La progresividad es una característica bienvenida de los esquemas impositivos, pero también que antes de avanzarse con una obligación extra debe tenerse en cuenta que en el país ya existen tributos que están en función de la capacidad económica del contribuyente, como lo son el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto sobre los Bienes Personales, gravando este último los mismos bienes sobre los que se intenta aplicar el gravamen que se proyecta y cuyas alícuotas se incrementaron en hasta 9 veces en el último año”, dicen los empresarios.
EXODO A OTROS PAISES
Asimismo, la entidad está convencida de que este nuevo impuesto redundará en la salida de empresas del país.
“La expansión de la actividad, la reducción de la pobreza y la corrección del déficit fiscal, para ser sostenibles, requieren de la existencia de un sector privado dinámico y moderno, lo que difícilmente se logrará si se siguen incrementando las cargas que sobre él recaen con el riesgo adicional de generar algún grado de éxodo tributario a jurisdicciones con un tratamiento más favorable”.
La CAC considera que “la reducción del desequilibrio fiscal demanda una paulatina baja del gasto público, a través de la supresión de ineficiencias varias y de una progresiva sustitución de los programas de asistencia –muy necesarios en la emergencia– por empleo privado genuino. Asimismo, que en materia de ingresos fiscales se requiere una reforma tributaria integral que consolide la progresividad del sistema, resuelva su extrema complejidad, provoque la disminución sustancial de la informalidad –que constituye una competencia desleal para los que sí cumplen con sus obligaciones–, incentive la inversión, promueva la creación y el desarrollo de empresas y armonice asimetrías territoriales y de dimensión”.
Por último, los empresarios aclararon que, tal como se menciona en los fundamentos del proyecto, “atravesamos una crisis de envergadura, provocada por la pandemia de coronavirus y las restricciones asociadas, que se suman a un virtual estancamiento de casi una década”.
Pero también advierten que “no debe olvidarse que nuestro país tiene una larga tradición en impuestos nacidos en la emergencia, casi siempre distorsivos, que acaban por perpetuarse, incrementando el cada vez más alto costo argentino”.
