El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, atraviesa una de las crisis financieras y políticas más delicadas desde que asumió la gobernación bonaerense. A escasos días para llegar a mitad de año, la preocupación en La Plata ya no pasa solamente por la caída de la actividad económica o el enfrentamiento permanente con el presidente Javier Milei, sino por una realidad mucho más concreta y alarmante: las dificultades crecientes para pagar salarios y aguinaldos en la provincia más grande del país.
Las alarmas quedaron expuestas durante la última reunión paritaria con los gremios estatales. Allí, funcionarios del Ministerio de Economía bonaerense admitieron que las cuentas provinciales están exhaustas y que este mes no habrá aumento salarial. La discusión recién se retomaría en junio para intentar cerrar un acuerdo desde julio y evitar que cualquier mejora impacte en el cálculo del medio aguinaldo. En otras palabras, la Provincia busca ganar tiempo porque no tiene margen financiero pero el que pierde siempre es el trabajador.
El dato resulta aún más grave si se tiene en cuenta que los salarios estatales ya vienen perdiendo contra la inflación y que gran parte del gasto bonaerense está absorbido por sueldos y jubilaciones. Mientras tanto, la obra pública permanece prácticamente paralizada salvo aquellos proyectos con financiamiento internacional.
RECLAMO DE LOS INTENDENTES
A esto se suma que los programas sociales empiezan a sufrir recortes silenciosos, como el paralizado el programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) que repartía cajas con productos alimenticios en escuelas primarias y secundarias, y los municipios reclaman desesperadamente asistencia para evitar entrar en cesación de pagos.
El oasis financiero en este duro contexto se dio el jueves pasado cuando los trabajadores municipales de Vicente López, liderados por el secretario general Victorio Pirillo se alzaron con la paritaria más holgada en la PBA. Acordaron un aumento del 22% general para los trabajadores, que trepa a un 26% para los sueldos más bajos, una suma fija para este mes de mayo de 150 mil pesos y un bono a fin de año que se acordará en su momento con la intendenta Soledad Martínez.
La situación llegó a un punto tan crítico en la provincia que casi 70 intendentes bonaerenses de distintos espacios políticos fueron a la Legislatura para exigir que los fondos del FEFIM (Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal) sean de libre disponibilidad. Emergencia, sí. Fortalecimiento, no.
El planteo es simple: necesitan caja urgente para afrontar salarios y aguinaldos. Radicales, massistas, vecinalistas y dirigentes peronistas coinciden en el diagnóstico de un deterioro fiscal cada vez más profundo, producto de la caída de la coparticipación, la baja recaudación y el aumento permanente de los costos operativos.
Detrás del reclamo aparece una pregunta incómoda para el gobernador: ¿cómo puede ser que la Provincia no tenga recursos para sostener servicios esenciales, pero sí mantenga intacto el gasto político, la millonaria pauta publicitaria oficial y los fastuosos recitales “gratuitos” financiados por el Estado? Mientras hospitales atraviesan faltantes, IOMA acumula denuncias por demoras, prestaciones cortadas y abandono a miles de afiliados, la administración de Kicillof continúa priorizando festivales, propaganda y estructuras políticas sobredimensionadas.
LA MUNICIPALIZACIÓN DE LA BASURA
La crisis ya empieza además a generar tensión sindical dentro del propio universo peronista. La fuerte reacción del camionero Pablo Moyano contra la idea impulsada por la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), que encabeza Hernán Doval, de avanzar hacia la municipalización de la recolección de residuos, expuso otra consecuencia directa de la asfixia financiera de los municipios: la búsqueda desesperada de abaratar costos laborales.
Según Doval, «la mayor parte de la plata de los municipios se va en las empresas privadas de recolección de residuos».
Moyano puso el grito en el cielo y denunció que detrás de la iniciativa existe un intento de precarizar trabajadores y reducir salarios camioneros mediante el traspaso de servicios a las estructuras municipales. El líder sindical habló incluso de una “reforma laboral encubierta” y advirtió que no permitirá «ningún avance que implique pérdida de derechos adquiridos». El conflicto refleja cómo la crisis económica provincial ya empieza a impactar en sectores históricamente alineados con el peronismo.
Así, mientras Kicillof intenta sostener un discurso de confrontación con la Casa Rosada y busca intentar reordenar su interna con Máximo Kirchner, la realidad bonaerense avanza en dirección opuesta: municipios sin fondos, obra pública frenada, conflictos gremiales crecientes, crisis en IOMA y un Estado provincial que no logra ordenar sus cuentas pese a mantener niveles altísimos de gasto político. La discusión ya no pasa solamente por la herencia o por Milei. Empieza a girar alrededor de las prioridades de gestión de un gobernador-candidato que, en medio del ajuste y la escasez, sigue mostrando más vocación por la propaganda que por resolver los problemas estructurales de la provincia.
