El exministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo encabezó una charla debate sobre políticas públicas, inclusión y discapacidad en el Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López (STMVL), donde trazó un crudo diagnóstico de la situación que atraviesa el sector y cuestionó las políticas del Gobierno nacional. “Nunca vi tanto dolor en las madres”, afirmó.

“Hay una situación de colapso”, evaluó el especialista, quien como diputado nacional fue autor de uno de los proyectos que sirvieron de base para declarar la emergencia en discapacidad en 2025. “Nunca vi tanto dolor en las madres”, reveló Arroyo, vecino de Olivos, al referirse a la realidad que enfrentan las familias de personas con discapacidad. La falta de acceso a prestaciones, medicamentos, transporte y atención adecuada conforma un escenario que, según describió, mantiene al sistema prácticamente paralizado.

Arroyo fue ministro de Desarrollo Social de la Nación desde 2019 al 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández, y fue diputado nacional en el período 2021/2025. Desde esa experiencia, expuso un panorama de la situación argentina y planteó una serie de propuestas para revertir la crisis que afecta a miles de familias.

En la misma línea se expresó el Foro Permanente de la Discapacidad, una organización representativa del sector que también viene advirtiendo sobre el deterioro de las condiciones de atención. Durante su intervención, Arroyo cuestionó además a un Gobierno sospechado de corrupción en la gestión de las políticas destinadas a las personas con discapacidad.

Un país atravesado por la crisis social

El secretario general del STMVL, Victorio Pirillo, recibió a Arroyo y explicó que la actividad formaba parte de una iniciativa sindical destinada a acercar a los afiliados información de primera mano, a través de los propios protagonistas de la realidad social. “Estamos en una situación crítica. Y la Argentina que viene va a ser muy compleja económica y socialmente”, evaluó Pirillo. Y, con la mirada puesta posiblemente en el escenario electoral de 2027, agregó: “Si no buscamos a los mejores no vamos a poder salir de esto”.

La charla se desarrolló ante un salón colmado de afiliados, delegados, vecinos, referentes sociales de Vicente López y representantes sindicales de otros municipios, entre ellos Tres de Febrero, San Isidro y Hurlingham. En primer lugar, Arroyo trazó un diagnóstico de la situación nacional. Identificó como uno de los problemas más graves el endeudamiento de las familias para poder alimentarse y las tasas usurarias que aplican las plataformas de crédito.

Recordó que durante su gestión como ministro, en plena pandemia, ya se advertían señales de ese fenómeno, aunque entonces no se lo concebía como “un problema entre particulares” ni se consideraba que pudiera solucionarse mediante “la mano invisible” del mercado. Como segundo problema, describió un escenario de profundo deterioro social e institucional. “Se observa una implosión social, hay una sociedad lastimada, instituciones como la Justicia totalmente desprestigiadas y el único lugar con cierta confianza es la escuela”, sostuvo.

Para ilustrar su planteo, señaló que las familias continúan enviando a sus hijos a la escuela a pesar de los problemas que puedan surgir y de las evaluaciones negativas que existan sobre el sistema educativo. El tercer eje de su diagnóstico fue el desempleo formal, tanto en el sector público como en el privado, junto con las decisiones económicas que afectan especialmente a la clase media. A su entender, “es la única clase que derrama y en la actualidad está muy golpeada”, como consecuencia de la pérdida de ingresos y de la falta de perspectivas de futuro.

En ese contexto, se refirió a la situación de las personas con discapacidad y apuntó directamente contra las decisiones de la administración nacional. “El Estado decidió lastimar a las personas con discapacidad”, evaluó.

El rol del Estado

También remarcó que existe un consenso internacional sobre la responsabilidad estatal en la atención de este colectivo. “Nadie en el mundo discute que la atención a las personas con discapacidad debe ser un rol del Estado. Solo acá”, afirmó, en referencia a la gestión de Javier Milei. En su exposición mencionó, entre otros países, a Brasil, Estados Unidos y Chile.

“Es difícil entender por qué. La razón no hay que buscarla en la política, o en lo presupuestario, porque la ley de Emergencia no tiene impacto presupuestario. Decidió lastimar a la discapacidad, cosa que no pasa en ningún otro lugar del mundo”. En ese sentido, comparó la política argentina con las experiencias de otros gobiernos ideológicamente alejados de las posiciones progresistas.

“Hubo y hay gobiernos de extrema derecha. Bolsonaro en Brasil, Meloni en Italia. Ninguno creyó que el Estado no tiene que atender a las personas con discapacidad. La idea que se construyó el presidente Milei de que no es su tarea, sino un problema de la familia, la madre, que cada uno se arregle, es un invento de él, y muy dolorosa la situación”.

Arroyo también repasó los obstáculos que, según sostuvo, el Gobierno nacional interpuso para la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso en dos instancias: primero, con su sanción y luego, mediante el rechazo al veto del Poder Ejecutivo. Pese a ese respaldo legislativo, explicó que la norma terminó cumpliéndose solo de manera parcial.

Sistema paralizado y sin reglas comunes

En relación con la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, Arroyo reconoció que el monto de las pensiones por invalidez se actualiza de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, advirtió sobre un cambio previsto en el proyecto de presupuesto 2027, que recupera el concepto de “pensión por invalidez laboral”.

Esto implica, según explicó, que el derecho quedaría asociado a las personas con discapacidad que no pueden trabajar, un criterio que consideró inusual en el resto del mundo. El exdiputado insistió en la gravedad de la situación y describió las dificultades que enfrentan quienes necesitan atención. “Hay una situación de colapso… el sistema está trabado y nadie sabe cómo hacer para atenderse”, graficó.

Otro de los puntos que cuestionó fue la decisión del Gobierno de liberar la obligatoriedad del nomenclador universal de prestaciones. Según explicó, esto permite que cada prestador “no tiene obligación de cumplir con el nomenclador” existente y pueda establecer sus propios valores de pago. Arroyo destacó la importancia de la Ley de Emergencia en Discapacidad, ya que establece un ordenamiento para el sistema que involucra a las familias, el transporte, los prestadores y las instituciones educativas.

En ese marco, cuestionó la iniciativa que el Gobierno de Milei volvió a enviar al Congreso, luego de los incumplimientos que, según denunció, se registraron en la aplicación de la legislación vigente. Su planteo fue contundente: ¿Por qué lo cumpliría? La pregunta sintetizó su desconfianza respecto de la voluntad del Poder Ejecutivo de garantizar el funcionamiento del sistema y atender las necesidades de las personas con discapacidad.

Cuatro desafíos para revertir la crisis

Hacia el final de la charla, Arroyo presentó cuatro “desafíos” que consideró fundamentales para reconstruir el sistema de atención y garantizar derechos.

El primero es reconocer que la responsabilidad estatal no puede delegarse. En ese sentido, sostuvo que “la atención del Estado, a las personas con discapacidad es indiscutible e indelegable”. Y reforzó su posición con lo que definió como una regla de oro: “a las personas con discapacidad se las atiende”.

El segundo desafío consiste en aumentar el nivel de autonomía de las personas con discapacidad. Para ello, consideró necesario eliminar las condiciones que generan obstáculos económicos y sociales, como la exigencia de no trabajar para acceder a una pensión o la obligación de no poseer una vivienda en propiedad. Sobre este último punto, explicó que muchas familias procuran garantizar que sus hijos tengan una vivienda propia para cuando los padres ya no estén. Por eso, planteó la necesidad de avanzar hacia criterios de equidad económica que no penalicen esas previsiones.

El tercer aspecto es la creación de un sistema de cuidados establecido legalmente, centrado en cada persona y con servicios adaptados a las diferentes situaciones, los lugares y las culturas.

Y el cuarto y último es poder garantizar la existencia de un nomenclador universal para las prestaciones. Según explicó, contar con reglas comunes es una herramienta para proteger a las personas con discapacidad frente a situaciones de vulnerabilidad y evitar la exclusión.

La exposición dio paso a un intercambio con el público. Padres y madres de personas con discapacidad compartieron sus experiencias y confirmaron, a través de testimonios personales, el escenario que había descrito Arroyo. La falta de acceso a medicamentos, la desatención de especialistas y las trabas burocráticas aparecieron entre los principales problemas planteados por las familias.

Ya no se trataba solamente de cifras, diagnósticos o conceptos sobre políticas públicas. Eran las propias personas afectadas las que relataban las consecuencias cotidianas de la crisis. A pesar de la dureza de sus testimonios, también expresaron su decisión de seguir reclamando y de no bajar los brazos. Arroyo demostró un amplio conocimiento de la legislación vinculada con la discapacidad y de la situación que atraviesa la Argentina en comparación con otros países, varios de los cuales mencionó a lo largo de su exposición.

Sin embargo, el concepto más significativo de la jornada llegó al cierre, cuando dejó de lado los argumentos técnicos y puso el foco en la dimensión humana de la gestión pública. «Solo puede gestionar el sistema quien siente el dolor del otro”, finalizó.