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Un tiro en el pie

Salvo en el lodo de la trinchera ideológica, existe el amplio consenso de que el cierre de la exportación de carnes terminará siendo una medida contraproducente para la economía argentina. Los motivos se abren en un abanico de fuertes razones.

El objetivo de la decisión de política comercial, de la cual no estaba enterado el ministro de Agricultura, Luis Basterra, pasa por redireccionar la oferta de carne, haciendo que su ampliación en el mercado interno termine por bajar los precios en el mostrador de las carnicerías.

La lógica oficial es lineal: si el 30% del stock de carne de exportación, ante la imposibilidad de ser vendida en el exterior, pasa a ser comercializada en la Argentina, pues entonces el crecimiento de la oferta terminará por talar los precios. Esto podría ocurrir, afirman los expertos, si la medida dura poco tiempo.

Pero si la receta, que ya fue aplicada por Néstor Kirchner sin éxito durante su gestión, se prolonga, entonces se modifica la ecuación de negocios, el productor decide criar menos animales y por ende a mediano plazo cae la oferta. El círculo se cierra con un nuevo incremento de precios debido a la menor cantidad de cortes que llegan al mostrador.

Es decir, la medida podría tener contundencia en una economía estatista, planificada y dirigida tal como se hacía en el campo socialista, pero en este capitalismo del siglo XXI las decisiones de los gobiernos deben articularse con el sector privado y su afán de renta. Ante la amenaza de ganar menos o perder, el empresario cambia de rumbo y su volantazo afecta al mercado en forma de escasez o de menor oferta.

En el campo los productores miran con desconfianza. Saben que la prohibición, pautada para durar un mes, puede prolongarse. Se lo marca la experiencia y el estilo de gestión del kirchnerismo. La última vez el candado que había puesto Néstor terminó por abrirse diez años más tarde, con las conocidas consecuencias.

Para una economía quebrada y con una fuerte necesidad de generar divisas como la Argentina, la prohibición de exportar carne puede leerse como darse un tiro en el pie. El negocio generó u$s 2.700 millones en 2020, y alrededor de u$s 3.000 millones en 2019.

Los cañones del Gobierno apuntan directamente a voltear los precios de la carne, que subieron como consecuencia de un proceso inflacionario que también elevó los costos de producción de la ganadería, generando una ponzoñosa dinámica de retroalimentación.

El aumento del maíz en casi el 100% afectó la cría de novillos bajo el sistema feedlot. Los productores, ante la escalada de los costos, decidieron volver a criar a campo abierto. Pero esta modalidad extiende los plazos: las vacas están 8 meses en el terreno y luego 60 días en el corral para ganar el peso final. Este esquema de negocios redundó en una caída de la oferta de cortes en el mostrador y en el inevitable incremento de los precios.

Los agentes del sector están convencidos de que la prohibición terminará por afectar a toda la cadena de la industria, no sólo a quienes montan un negocio donde el último eslabón es la exportación. Por lo pronto, las señales que envía el Gobierno hacia afuera -nuestros clientes-, y hacia adentro –los productores-, no hacen más que sembrar confusión e incertidumbre.

Si abrimos el foco veremos quiénes son los protagonistas principales de esta historia. El presidente Alberto Fernández le anunció la medida directamente al consorcio exportador ABC, que está liderado por dos grupos brasileños: Minerva y Marfrig. Entre los dos venden al exterior aproximadamente un 40% del volumen total. En un segundo escalón, redondeando entre todos un 25 o 30% de participación, están los frigoríficos argentinos ArreBeef, Ecocarnes y Gorina.

Si la prohibición durará un mes o más, es un albur. Lo cierto es que la medida difícilmente produzca la baja de precios al consumidor, mientras que, por otra parte, pondrá en riesgo mercados en el exterior y confirmará, una vez más, la mala fama de un país impredecible.

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