Sin lugar a dudas, la semana que pasó fue la peor que le tocó vivir a Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires desde que asumió en diciembre pasado.
A la crisis sanitaria producto del covid-19 y a las tomas de tierras mayoritariamente ocurridas en los suburbios del Gran Buenos Aires, se sumó la rebelión de la policía bonaerense que, blandiendo peligrosamente sus armas y en una actitud fuera de lugar para una fuerza de seguridad, le reclamó al Estado provincial -con justicia- actualizar sus paupérrimos sueldos.
Las insólitas imágenes que todos vimos por TV -con policías subidos en altísimas antenas cercanas a la quinta de Olivos- se repitieron en varios lugares de Buenos Aires y también del interior del país.
El desborde del gobernador en el tema fue tal que ni él ni su ministro de Seguridad, Sergio Berni, pudieron siquiera frenar la protesta con promesas de aumento salarial. Es más, Berni estuvo desaparecido de la acción.
La “solución” llegó luego de que el presidente Alberto Fernández hiciera el papel de gobernador -como se jactan en Juntos por el Cambio- y optara -como presidente- sacarle un punto de coparticipación a la Capital Federal para salvarle las papas a Kicillof con unos 35 mil millones de pesos.
EFECTO CASCADA
Ahora bien, terminada la rebelión policíaca, fueron los otros sindicatos bonaerenses los que pusieron el grito en el cielo para tener el mismo trato que los uniformados.
Médicos, docentes, judiciales y el resto de los estatales elevaron sus quejas para que el gobernador reabra paritarias en un año 2020 donde los profesionales de la salud luchan día a día contra el virus y no obtuvieron el bono que les habían prometido allá por abril; donde no hay clases; donde las oficinas públicas están prácticamente cerradas, y donde se brinda un mínimo servicio de justicia.
Si bien el discurso gremial fue rechazar los métodos y cuestionar duramente el accionar de la policía al que tildaron de prepotente, por lo bajo se percibió que ese reclamo les dio el empujón que necesitaban para presionar y buscar negociar.
La Cicop, asociación bonaerense que agrupa a los profesionales de la Salud, aclaró que sus sueldos “cumplen un año sin aumentos y con una inflación que trepa al 40% anual”. Para la seccional Conurbano Sur de la Asociación Médica Argentina (AMRA), la convocatoria a paritarias tiene que ser “urgente”.
¿NUEVOS RECORTES?
Misma postura tomaron los estatales de ATE, con su titular Oscar de Isasi, y los judiciales que, con su secretario general Pablo Abramovich, firmaron junto al resto de los gremios estatales una dura solicitada reclamándole al gobernador “la convocatoria a paritarias para que se garantice una urgente recomposición de los salarios”.
También firmaron los gremios docentes como el Suteba de Roberto Baradel, la FEB, los técnicos de AMET y Udocba, aunque en público cuidan las formas en el reclamo dada su afinidad con la conducción kirchnerista de la Provincia a la que apoyan abiertamente.
Consumado el guadañazo de un punto y pico de coparticipación a la CABA, 19 gobernadores salieron presurosos a avalar con su firma el auxilio financiero de la Nación a la Provincia. “Mientras no nos toquen a nosotros está todo bien”, fue el alivio imaginario.
¿Pero serán igual de solidarios si mañana la Casa Rosada afina el lápiz y también les recorta puntos coparticipables dada la situación de ahogo por la que atraviesa Buenos Aires? En algún momento habrá que darles una respuesta a médicos, docentes, judiciales y estatales que, al igual que los policías, necesitan actualizar sus salarios.
