Esta será una semana clave en el Senado de la Nación ya que empezará a ser debatido en el recinto el proyecto de reforma judicial que envió el Gobierno. En esa cámara, dominada ampliamente por el kirchnerismo, se espera una rápida aprobación, pese a la polémica que generó la inclusión en el dictamen por parte del oficialismo, del controvertido inciso E del artículo 72 que faculta a los jueces a denunciar ante el Consejo de la Magistratura, si reciben presiones políticas, de grupos económicos o de cualquier otra sector por su función, incluidas las de los medios de comunicación.
La “cláusula Parrilli”, tal como se la bautizó, contó en las últimas horas con la venia presidencial, ya que en el proyecto original que el Ejecutivo había remitido al Congreso no figuraba. Así, todas las miradas apuntaron a Cristina Kirchner quien quedó en el imaginario como la mentora de la polémica inclusión.
Pero todo lo sencillo que puede resultar para el oficialismo la aprobación en la Cámara Alta, puede transformarse en un dolor de cabeza en Diputados, donde el Gobierno se verá obligado a buscar consensos y apoyos si quiere aprobar el proyecto.
Para el presidente Alberto Fernández, la reforma “propone que el sistema judicial funcione no a partir de un gobierno de turno”. Aunque varios dirigentes de la oposición hicieron hincapié en que la iniciativa solo “tiene la intención de salvar a Cristina de sus múltiples causas judiciales”.
En ese sentido, autoridades de Juntos por el Cambio ya adelantaron su rechazo a la iniciativa por considerarla “inoportuna en medio de una pandemia que vislumbra otras prioridades para la sociedad”. Igual rumbo tomaron los diputados del peronismo cordobés. Hace una semana, Roberto Lavagna había adelantado que sus legisladores no darían el visto bueno a la reforma. Y solo resta saber qué postura tomará el izquierdista FIT, ya que el contundente rechazo de Romina del Plá (PO) choca con las dudas de Nicolás del Caño (PTS). «La llamada reforma judicial que impulsa el gobierno kirchnerista implica la creación de una desmesurada e injustificada cantidad de cargos, cuyo costo fiscal estimamos en unos $ 4.000 millones
