El banco Santander decidió tomar un papel protagónico en tiempos de pandemia. Se transformó en la primera entidad de la Argentina en certificar sus créditos de impacto social según criterios globales de sustentabilidad. Desde el 20 de marzo, cuando se instauró la cuarentena, Santander acumula 52.100 millones de pesos en préstamos destinados a satisfacer demandas de créditos sociales.
Pagos de salarios, inversiones de capital de trabajo y tecnológico para facilitar el home office y fondos para afrontar los costos de mejorar la capacidad instalada y la compra de suministros médicos fueron algunos de los usos que se les dieron a las diferentes líneas de financiamiento otorgadas por el banco. Un detalle importante radica en el hecho de que entre los destinatarios de estos créditos se encuentran los dos mayores fabricantes nacionales de respiradores artificiales.
Las condiciones para calificar créditos sociales cuenta con el aval de Sustainalytics, líder global en investigación, análisis y ratings ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG), que juzgó que los criterios de Santander están relacionados con estándares internacionales de sostenibilidad, como los Principios de Bonos Sociales 2020 del International Capital Market Association (ICMA), y confirmó la solidez y credibilidad de la oferta del banco a través de una Opinión de Segunda Parte (SPO).
A partir de ahora, Santander deberá informar anualmente a través del capítulo de Banca Responsable de su Informe Anual los avances sobre el monto de los préstamos sociales asignados por categoría, la descripción del impacto social de los créditos, el número de pymes asistidas, y el número de proveedores de asistencia sanitaria y social apoyados.
También consignará el número y monto de los créditos otorgados para financiar el pago de salarios, el número y monto de los créditos para financiar gastos de capital en equipos para facilitar el trabajo remoto; y el número y monto de los créditos para financiar los gastos de capital para mejorar la capacidad instalada de las pymes y de proveedores de atención sanitaria y social.
Estas métricas serán verificadas externamente por el auditor financiero del banco para garantizar que cumplan con los criterios del marco de referencia para créditos sociales.
