Largas filas de vehículos conforman una extraña playa de estacionamiento en los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El presidente Alberto Fernández aparece triunfalmente en Ezeiza para celebrar la llegada de un cargamento de vacunas. El Gobierno se felicita a sí mismo por haber conseguido diez millones de dosis. Pero las escuelas están cerradas, un porcentaje muy minoritario de la población ha sido inoculado, el derrumbe de la economía no da tregua y los casos -ya se superaron los tres millones de contagios- y las muertes como consecuencia del coronavirus siguen aumentando. Reflejo inapelable del circo que se ha montado en nombre de la pandemia.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 287/21 estableció el viernes las restricciones con las que el Gobierno nacional decidió enfrentar el avance del Covid-19, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En líneas generales, las medidas que se aplicarán hasta el 21 de mayo disponen prohibición de circulación entre las 20 y las 6, limitaciones en la actividad comercial, prohibición de reuniones sociales en domicilios particulares, suspensión de las clases presenciales… Exactamente lo mismo que estaba vigente hasta el 30 de abril.
A pesar de que el DNU no impuso límites para desplazarse por las calles del AMBA fuera del virtual toque de queda que comienza a las 20, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires instrumentó tortuosos operativos en puntos clave como el puente La Noria, la Panamericana y el Acceso Oeste, entre otros, que provocaron un irracional caos en el tránsito. El jefe de Gabinete de ese distrito, Carlos Bianco, explicó que se trataba de “controles sanitarios”. Se tomaba la temperatura a quienes se trasladaban en vehículos particulares y se les pedía la documentación del rodado.
La excusa del control sanitario esconde la intención de la administración de Axel Kicillof de que nadie salga de su casa. No es lo que dice el decreto presidencial, sino lo que la Provincia, de la mano del gobernador y de adalides del encierro total como el ministro de Salud, Daniel Gollan, y el viceministro, Nicolás Kreplak, ha intentado en su distrito -y en el país, de ser posible- para ocultar la inacción ante la pandemia.
La Provincia impulsa la idea de que los testeos no son importantes. Por esa razón, no los pone en práctica. Se trata de un concepto curioso, pues está aceptado internacionalmente que la identificación de los casos es la estrategia ideal para aislar un foco e impedir su propagación. Por ahora sólo se testea a quienes se presentan con síntomas, situación que equivale a pescar en una pecera. De ese modo es imposible conseguir datos fehacientes de la situación epidemiológica y, por lo tanto, tomar medidas realmente útiles.
LAS VACUNAS NO ESTÁN
Pese a que el Gobierno mostró como un éxito haber conseguido diez millones de vacunas, el plan de vacunación constituye un fracaso estrepitoso. Hasta el momento sólo han sido inoculadas 7.025.492 personas con una dosis y 972.410 con dos. ¿Qué motivos existen para festejar? Ninguno. Sin embargo, Alberto Fernández se mostró complacido el jueves en el Aeropuerto de Ezeiza al darle la bienvenida a otro vuelo de Aerolíneas Argentinas que finalizaba lo que en medios oficiales se define heroicamente como “travesías”. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, no tuvo mejor idea que exhibir su orgullo en la red social Twitter con una pintoresca camiseta de la Selección argentina con la inscripción “10 millones”. Ambos se olvidan de que en este país hubo vacunados VIP, de que el titular de la cartera sanitaria, Ginés González García, fue defenestrado por ese escándalo y de que las vacunas no llegaron a quienes debían llegar.
Mejor no comparar las cifras del “más grande plan de vacunación de la historia”, como pomposamente se lo califica, con las promesas del Presidente sobre el porcentaje de argentinos que iban a estar inoculados a esta altura del año.
Para mantener en alto la epopeya de la lucha contra el coronavirus tampoco conviene pensar en que muchas actividades comerciales e industriales agonizan por los cierres establecidos por el DNU presidencial. En 2020 la cándida mirada de que no se podía volver de la muerte pero sí recomponer la economía hoy le cedió paso a una aparentemente más realista lucha por ambas cuestiones. Los anuncios del Gobierno no colaboran para demostrar que ésa sea la meta. Cada vez más locales cerrados y un mayor número de argentinos endeudados y agobiados por una inflación incontrolable no hallan eco en una política estatal que sólo aumenta el valor de asignaciones sociales como única estrategia para contrarrestar el galopante deterioro del poder adquisitivo.
Por si fuera poco, en el AMBA las escuelas deben cerrar. La Ciudad de Buenos Aires se resiste, a pesar del silencio estratégico y cómodo de la Corte Suprema. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, hace piruetas en el aire para cambiar de parecer y justificar una modalidad virtual con la que no estaba tan de acuerdo. Si hasta intenta torcerles el brazo a las jurisdicciones que pretenden abrir los establecimientos educativos.
Con tan pocas vacunas aplicadas -mejor no reparar en que tampoco se las consigue por la errática política de adquisición de este bien tan escaso en el mundo- y con muy pocos testeos diarios, los límites a la circulación y el cierre de determinadas actividades asoman como la única herramienta para contener al Covid-19. Es verdad que la irresponsabilidad social poco y nada contribuye a atenuar el azote del virus, pero está claro que lo peor que le puede pasar a la Argentina para enfrentar este mal es la sobreactuación de las políticas públicas. El circo no salva vidas.
