Todos los bloques políticos del Senado apoyaron hoy un dictamen favorable a la prórroga por cuatro años de la ley de biocombustibles que vence en mayo de 2021. La decisión fue anunciada durante la reunión de la Comisión de Minería y la iniciativa estará en condiciones de ser tratada en el recinto a partir de la semana próxima.
En el curso de la reunión de la comisión quedaron visiblemente enfrentados dos “lobbies”, el del biocombustibles y el de las petroleras. La pulseada terminó con la derrota del segundo. Los representantes de las provincias petroleras, Neuquén, Mendoza, reconocieron la necesidad de la prórroga para evitar el cierre de empresas y la pérdida de miles de empleos que anunciaban sus colegas de las provincias productoras de azúcar y maíz en caso de que cesaran los beneficios fiscales otorgados por la normativa vigente.
Los sectores empresarios beneficiados por la prórroga son ingenios azucareros del norte del país, como Ledesma, Tabacal o La Florida, y los productores de bioetanol a partir del maíz como Diaser, Promaíz, que pertenece al Grupo Aceitera General Deheza, y Vicentín.
En ese plano la radical Silvia Elías de Pérez, representante de Tucumán, provincia fuerte productora de caña de azúcar, pidió la prórroga por 15 años, mientras que la camporista santafesina, María Sacnum, propuso tres años y medio; finalmente se resolvió la extensión por cuatro años.
La ley que rige desde 2007 dispone la mezcla de biocombustibles en los combustibles fósiles y da ventajas fiscales a la producción de los primeros, así como a los proyectos de construcción de nuevas plantas de producción. El biocombustible que se añade a la nafta y al gasoil no paga, por ejemplo, el impuesto a los combustibles. También se protege la producción local impidiendo la importación excepto en caso de que los productores locales no cubran la demanda.
Las petroleras dejaron trascender su oposición a estos beneficios excepcionales alegando que están obligadas a comprar biocombustible a los productores, mezclarlo en sus productos y distribuir y comercializar la mezcla, lo que ahorra a los productores de biocombustibles los costos respectivos. En cuanto a los perjuicios para el Estado. los petroleros señalan que el fisco no sólo pierde de recaudar por el impuesto a los combustibles, sino también las retenciones a las exportaciones de maíz que no se realizan.
Por su parte. los productores de biocombustibles señalaron el fuerte crecimiento de la producción y de las fuentes de trabajo al amparo de la normativa vigente, así como el ahorro de divisas que significó la menor importación de combustibles.
