Amado Boudou se quedó con la máquina de hacer billetes. Ese es el veredicto de la Justicia y de la opinión pública argentina. Por más que desde el kirchnerismo, en el Gobierno nuevamente desde hace un año, se intente por todos los medios rescatar al ex vicepresidente, la condena social va de la mano con lo que los distintos tribunales -incluida la Corte Suprema- han dictaminado en la famosa causa Ciccone, en la que el entonces funcionario K incurrió en negociaciones incompatibles con su cargo para hacerse con la imprenta que pasó a llamarse luego Compañía de Valores Sudamericana.
La consultora Giaccobe & Asociados entrevistó, entre el 14 y el 16 de diciembre pasados, a 2.500 personas para conocer, entre otros temas, su opinión sobre el ex vicepresidente. La idea era que los participantes de este trabajo realizado a través de llamados telefónicos definieran con una palabra al hombre que Cristina Fernández de Kirchner eligió para que la acompañara en la fórmula que se impuso en los comicios presidenciales de 2011.
El juicio popular, por llamarlo de algún modo, fue terminante: Boudou se aseguró los calificativos más indeseados para cualquier funcionario público.
La nube de palabras que define al ex vicepresidente incluye vocablos tan oscuros que sólo pueden presagiar una tormenta de descalificaciones. “Ladrón”, “Corrupto”, “Delincuente” y “Chorro” fueron los más elegidos, en una contundente demostración de que el ciudadano de a pie no perdona las maniobras de Boudou.
LA CAUSA
Boudou había sido ministro de Economía de Cristina Kirchner en su primera gestión al frente del Poder Ejecutivo (2007-2011). La entonces Jefa del Estado, tratando de no volver a ser víctima de un “voto no positivo” como el del radical Julio Cobos -su vice- en esa madrugada del 17 de julio de 2008 en el Senado en la que fracasó el intento K de arremeter contra el campo mediante la Resolución 125 sobre retenciones móviles, escogió a una figura que consideraba leal. O al menos incapaz de traicionarla -según sus parámetros- como lo había hecho el mendocino que Néstor Kirchner había ubicado a su lado en tiempos en los que el kirchnerismo intentaba ser transversal.
Gracias a su paso por la ANSES, a Boudou se le ocurrió una maniobra vital para que el gobierno de CFK accediera a los fondos que tenía vedados por no disponer de la posibilidad de financiamiento externo. Transfirió los fondos de las AFJP a las arcas del Estado y esa movida la valió al ministro un lugar importante en la consideración de la presidenta.
Ese acto le permitió el 25 de junio de 2011 ser designado por Fernández de Kirchner como compañero de fórmula. El 23 de octubre ese binomio se impuso en los comicios con un 54% de los votos válidos, la mayor cantidad relativa desde 1983.
Del 4 al 25 de enero de 2012, Boudou ejerció funciones presidenciales por una operación de tiroides a la que fue sometida la jefa del Estado. En octubre de 2013 ocupó otra vez el sillón de Rivadavia por otra cirugía de CFK, en ese caso para retirarle un hematoma subdural.
En febrero de 2012, este hombre nacido el 19 de noviembre de 1962 y con pasado de disc jockey, rockero y organizador de festivales musicales, se involucró en un litigio por la compra de la Compañía de Valores Sudamericana, una empresa por entonces privada que contaba con la tecnología necesaria para imprimir papel moneda.
Fue denunciado por el fiscal federal Carlos Rívolo por la supuesta compra fraudulenta de la empresa que imprimía el dinero en la Argentina. La denuncia realizada por Laura Muñoz manifestaba que la empresa había sido adquirida por su esposo, Alejandro Vandenbroele, quien estaba presuntamente relacionado con Boudou en calidad de testaferro, con lo que se le acusaba de “negociaciones incompatibles con la función pública”.
Vandenbroele y Muñoz atravesaban en aquel momento un turbulento proceso de divorcio. Fue ella quien comentó que denunciaba a su marido por estar viviendo “una situación matrimonial extrema, temiendo por su seguridad y la de sus hijos”.
La causa recayó en el juez Daniel Rafecas, pero este magistrado fue luego apartado y, por sorteo, la Cámara Federal designó a su colega Ariel Lijo. Vandenbroele negó conocer “ni siquiera de vista al vicepresidente Amado Boudou” y manifestó que el banquero Raúl Moneta puso el dinero para levantar la quiebra de la empresa. Vandenbroele negó todas las acusaciones y afirmó en una solicitada que “todo se trata de una mentira”.
En noviembre de 2013 el fiscal ante la Cámara de Casación, Javier De Luca, emitió un dictamen favorable a la defensa de Boudou, que pedía el cierre del caso. Tanto Vandenbroele como Moneta negaron tener relación directa con el vicepresidente.
Ante las acusaciones, el 8 de febrero de 2014 Boudou se presentó espontáneamente ante el juez Lijo, aseguró ser víctima de “una trama de operaciones políticas y mediáticas”. Pidió su sobreseimiento.
Lijo citó a Boudou para una audiencia indagatoria. Finalmente, el juez decidió unificar las causas por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito relativas al caso Ciccone. Un cachetazo enorme.
En definitiva, el ex vicepresidente fue procesado por cohecho y negociaciones incompatibles con su condición de funcionario público. Según el fiscal, Boudou aceptó como soborno el 70 % de las acciones de la imprenta para hacer negocios para sí y se interesó en los trámites para levantar su quiebra.
El juez había ordenado allanamientos vinculados al funcionario, donde obtuvo documentos que certificaban gastos de viajes realizados entre 2009 y 2011, mientras fue ministro de economía.
El 19 de febrero de 2015 la Sala I de la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Boudou en la causa, al considerar probado que éste incurrió en negociaciones incompatibles con su cargo, dejando así firmes las acusaciones y quedando éstas nuevamente en manos de Lijo.
La defensa de Boudou recurrió la decisión de la Cámara Federal ante la Cámara Federal de Casación Penal. El 25 de junio de 2015, el máximo tribunal penal del país, dejó firme el procesamiento por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.
Al año siguiente, el fiscal Jorge Di Lello requirió la elevación del caso donde el ex vicepresidente estaba acusado de apropiarse de la fábrica de billetes para hacer negocios con el Estado, por lo que el caso se encaminaba a juicio oral.
El 7 de agosto de 2018, Boudou fue condenado, luego del juicio por el Tribunal Oral, a 5 años y 10 meses de prisión por el delito de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública por el caso Ciccone.
La defensa de Boudou apeló y, en julio de 2019, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas porque quedaron debidamente acreditadas maniobras para quedarse con la empresa que imprimía los billetes utilizando empresas fantasmas y operaciones simuladas.
La empresa había sido estatizada en 2012 por el gobierno cuando Boudou era vicepresidente y ya había sido denunciado, sin que se pudiera saber quiénes eran los dueños de la empresa ni nadie se presentara a reclamar el dinero correspondiente a indemnizaciones varias.
Otra apelación y se llegó a la Corte Suprema de Justicia. El 3 de diciembre de 2020, con el kirchnerismo en el poder, el máximo tribunal confirmó la condena calificando como “inadmisible” el recurso presentado por su abogado. Boudou permanece aún en arresto domiciliario.
LAWFARE Y ARREMETIDA CONTRA LA CORTE
Con el fallo de la Corte que rechazó el recurso de queja presentado por la defensa de Boudou, ya fueron 16 jueces de primera instancia y de alzada los que encontraron culpable al rockero devenido en funcionario público.
Sin embargo el ex vicepresidente no está solo en la mala. «Con Lawfare no hay democracia», se titula la carta donde juristas, dirigentes políticos y sindicales y representantes de organizaciones de derechos humanos respaldan a Boudou.
Figuras como Eugenio Zaffaroni, Taty Almeida, Pablo Moyano, Hugo Yasky, Martín Insaurralde, Jorge Ferraresi, Carlos Heller, Oscar Parrilli, Mayra Mendoza, Leopoldo Moreau, Víctor Santa María y muchos más representantes del sector kirchnerista manifiestan que lo actuado por la Justicia «atenta contra un Estado de Derecho».
«Expresamos nuestra preocupación ante la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que afecta a nuestro sistema democrático, vulnerando derechos y garantías constitucionales», señala el primer párrafo del documento presentado. Y señalan que el lawfare se instala como instrumento de disciplinamiento y persecución hacia un proyecto político de ampliación de derechos para las mayorías y los más “vulnerabilizados».
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo de Buenos Aires, Andrés Larroque, entre otros, rechazaron el fallo dela Corte Suprema con declaraciones públicas y pronunciamiento en las redes sociales.
Curiosamente, uno de los integrantes de la clase política que mejor explicó la culpabilidad de Boudou fue Alberto Fernández. En 2014, distanciado del kirchnerismo, escribió una columna en el diario La Nación titulada «Boudou, Game over».
Para el hoy primer mandatario las conclusiones estaban claras: Boudou se había quedado sin coartada (por eso lo de «game over»). Los delitos que se le atribuían no podían deberse a una confabulación mediática, decía Alberto en su columna. Y enumeraba la serie de «mentiras» (esa es la palabra que usa) en las que incurrió Boudou, según Fernández, las acusaciones contra el procurador Esteban Righi; el desconocer a Vandenbroele, que era su socio en el intento de apropiarse de Ciccone, y la negación de su relación con The OldFund, la empresa implicada que, se demostró, benefició a familiares de Boudou.
En ese artículo, los cuestionamientos de Alberto también alcanzaron a la entonces presidenta por la voluntad de encubrimiento hasta el extremo, al sancionar una ley, la expropiación de Ciccone, para hacer más compleja la causa y obstaculizar a la Justicia. Escribía en relación con ella y su elección de compañero de fórmula: “Le ha costado mucho admitir el error que ha cometido. Tanto le ha costado, que ha preferido resguardarlo antes que aceptar que se equivocó”.
El Presidente de hoy, abogado y profesor de la Universidad de Buenos Aires, concluyó hace seis años: «Ya es imposible aceptar que todo lo que hoy se conoce sea tan solo el resultado de un impresionante accionar mediático. Son demasiados los fallos judiciales que les restan razón a los argumentos con los que ha pretendido protegerse y son muchas las mentiras que se le han verificado. Boudou ya no tiene coartadas. Los argentinos saben cuánto ha mentido en su alocada carrera por escapar de los hechos que se le atribuyen”.
En estos días, Fernández debió haberse tenido que olvidar de su artículo y por eso no tiene otra alternativa que consentir la arremetida K contra la Corte Suprema para defender a Boudou.
Tal vez en este tiempo de la política, el Presidente comprenda a quienes definen al ex funcionario caída en desgracia por mano propia como “Honesto”, “Inocente”, “Perseguido” o “Víctima”.
Esa es la mirada de un sector minoritario. Para una gran porción de la opinión pública Boudou es “Ladrón”, “Corrupto”, “Delincuente” y “Chorro”. La condena social es inapelable.
